La cúpula policial y el 'FernándezGate'
BarcelonaLos medios de comunicación que suelen beneficiarse de las filtraciones sistemáticas del ministerio del Interior han centrado la atención del Fernandezgate en un aspecto que siempre desdeñan: la responsabilidad de los que han grabado –oh, ¡qué crimen!- y de los que han filtrado –¡oh, qué designios espúreos!- cuando nunca tienen en cuenta ambos aspectos cuando ellos hacen con placer de buzones de Fernández Díaz y sus boys.
Asimismo, el Partido Popular, desde el ministro del Interior, pasando por el todavía director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, y terminando por Mariano Rajoy – el que, según decía el ministro en la grabación, “lo sabe” en referencia al plan de guerra sucia- han coincidido en plantear la gravedad de que se grabase al ministro en su despacho.
Que es grave, no cabe duda. Pero, ¿quién es el responsable de los hechos? ¿Quién podía evitar que el ministro sea grabado en su propio despacho? ¿Por qué no funcionó el sistema de protección?
Es el propio ministro y su equipo el responsable. ¿No tienen inhibidores para garantizar que no se puede grabar una conversación con el ministro en su despacho? Claro que están allí. ¿Por qué no se pusieron en funcionamiento? Ellos sabrán.
Veamos los escenarios. Las conversaciones en el despacho del ministro del Interior ¿se graban todas en audio o en video?
Si es así, la cúpula policial o el director adjunto operativo, Eugenio Pino, su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, algunos adscritos a este departamento, como José Villarejo, el jefe de Asuntos Internos en la época, Marcelino Martín de Blas, sabían de la existencia de la grabación.
Digamos que por norma, salvo excepciones, no se graba. Esto nos lleva a Daniel de Alfonso. Supongamos que grabó conscientemente para protegerse. ¿Qué sentido tendría la filtración? Ninguno. Por tanto si grabó no tendría sentido que difundiera la grabación.
Ello nos lleva a una tercera posibilidad. Que su teléfono estuviera “preparado” para grabar sin que él fuera consciente de ello. ¿Quién? Según me ha dicho De Alfonso, él le entregó el teléfono a Fuentes Gago, buen amigo y veraneante en Santander junto con el jefe de la Oficina AntiFraude, para que la Policía lo revisara por posibles pinchazos. La Policía, pues, podría haber monitorizado el teléfono para grabar las conversaciones.
Y como De Alfonso afirma que entregó el móvil tres o cuatro veces para que revisaran el estado del mismo, la misma Policía podía haber extraído la grabación y hecho copia de la misma.
Por tanto, si se descartara la autograbación con micrófonos en el despacho de Fernández Díaz y se acepta que, aunque grabase, De Alfonso carecía de razones para filtrar, nos situamos en la cúpula policial.
Y aquí lo que hay es lo siguiente: en octubre de 2014 todos están en el mismo barco. Todos de acuerdo en que se trata de recolectar basura contra el soberanismo catalán. Pero desde entonces ha llovido mucho. Martín de Blas ha sido defenestrado en su batalla contra Villarejo (caso Pequeño Nicolás), Villarejo ha sido imputado en grabaciones al CNI (caso Nicolás), Fuentes Gago ha sido destinado como agregado en la embajada de España en Holanda, donde también está destinada su esposa, que es oficial de enlace en La Haya. Todo esto sin mencionar las depuraciones de comisarios de policía judicial y jefes de la UDEF.
Tenemos, pues, una cúpula dividida en facciones sensibles a practicar la vendetta. Da la impresión de que eran demasiados aquellos que conocían la existencia de las grabaciones de 2014 algunos de los cuales pudieron sucumbir a la tentación de crear un nuevo 11-M. La 'june surprise', la sorpresa de junio ante el 26-J.