Hace unos meses TVE emitió ¿Generación perdida?, un documental que reflexionaba sobre el difícil futuro que afrontan los jóvenes españoles. Muchas de las personas que aparecían en él realizaban una distinción entre dos tipos de víctimas de la crisis. Por un lado, estaban aquellos jóvenes que habían realizado una carrera universitaria y aprendido idiomas. Por otro, los que habían dado por concluidos sus estudios y optado por “la vida fácil” que, sorprendentemente, consistía en trabajar en el sector de la construcción. Como si sudar en un andamio fuera poco menos que una canonjía y acudir a un campus universitario una experiencia extrema propia de héroes ilustrados.
La victimización de las clases medias cualificadas oculta que la crisis está afectando sobre todo a las clases bajas. Por ejemplo, un alucinante 55% de los inmigrantes extracomunitarios se encuentra en riesgo de pobreza. Desde 2008 estamos viviendo una intensa polarización social que, sin embargo, no se está traduciendo en una movilización política. En términos de clase, los cambios electorales del pasado 24 de mayo han sido superficiales. El voto en España sigue siendo muy transversal. La aparición de Podemos y de distintas apuestas municipalistas no sólo no ha mitigado esta situación sino que, en cierto sentido, la ha amplificado: sus votantes están aún más repartidos por todos los niveles de ingresos que en el caso de los partidos tradicionales.
Es una noticia horrible. Las clases medias son parte del problema, no de la solución. La tradición emancipadora creía que los perdedores del capitalismo eran los agentes más eficaces de la transformación social. Los trabajadores empobrecidos están en condiciones de impulsar cambios políticos beneficiosos para casi todo el mundo porque son el único grupo social cuyos intereses a corto plazo coinciden con los de la mayoría a largo plazo. Por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda sería una excelente noticia para todos, pero quienes logran pagar a trancas y barrancas sus hipotecas están poco dispuestos a asumir los riesgos de apuestas de este tipo. Son las víctimas de los desahucios, que tienen poco que perder, quienes más están haciendo para promover un sistema que resultaría más justo y sensato para todos, no sólo para ellos.
Más en general, la centralidad política de las clases medias nos mantiene atados a un modelo de estado de bienestar en el que el mecanismo de acceso a los derechos sociales es, casi exclusivamente, el mercado de trabajo. Eso hace que el gasto público en España aumente la desigualdad en lugar de disminuirla: el 20% más rico recibe el 25% del gasto social mientras que el 20% más pobre se queda con el 10%. Es un modelo que privilegia a una minoría cada vez más exigua de trabajadores con contratos de calidad y penaliza a las familias monoparentales, a los parados de larga duración, a los jóvenes precarios, a los mayores con pensiones reducidas, a los trabajadores migrantes… A casi todos nosotros, de hecho.