¿Dónde están los papeles de los expresidentes españoles?

Imaginémonos que en unos años un historiador quiere escribir sobre cómo se tomaron las decisiones políticas en el entorno del Proceso catalán. Hagámonos más preguntas. ¿Qué papel tuvo Aznar en la invasión de Irak? ¿Qué se escribían Felipe González y los presidentes de las comunidades autónomas? Qué se decían Leopoldo Calvo Sotelo y los líderes sindicales? Nos podríamos hacer muchas más preguntas, pero será muy complicado encontrar respuestas en los archivos públicos españoles. El motivo es que no es fácil localizar según qué papeles de los expresidentes españoles. Al final, muchas cosas no las sabemos hasta que algunos de estos ex altos cargos deciden publicar sus memorias. Claro que entonces ellos hacen la selección. “El problema de base es que no hay ninguna ley general estatal de archivos”, lamenta Joan Soler, presidente de la Asociación de Archiveros de Cataluña.

Sabemos que parte de la documentación que generó Felipe González mientras fue presidente la custodia la Fundación Felipe González, pero es una entidad privada. Esta peculiaridad la cuestionan algunos archiveros. Ahora bien, ¿dónde estan los papeles de los otros expresidentes? “Muchos expresidentes, no solo de España, sino también de las comunidades autónomas –Cataluña es la excepción–, se los han llevado a casa, porqué existe una concepción equivocada de aquello que es público y aquello que es privado. Son documentos que quizás no están sujetos al derecho administrativo, pero no son privados y se los han llevado con total impunidad", dice Antonio González Quintana, presidente de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP).

¿El problema es la impunidad?

González Quintana, que fue subdirector de los archivos de la Comunidad de Madrid, explica que los papeles de los presidentes de la comunidad madrileña, por ejemplo, no se encuentran en ningún archivo público: "Intentamos regularlo, pero todo quedará en papel mojado". Existe la ley de patrimonio 16/1985, de 25 de junio, que especifica que nadie se puede llevar documentación pública (hacerlo se castiga penalmente), pero los archiveros creen que tendría que haber una normativa específica y que la inexistencia de una ley general de archivos española es un déficit grave. El abogado Josep Matas, en cambio, cree que la ley es bastante clara, el problema es que se vulnera con bastante impunidad. “No creo que la ley se tenga que mejorar. Dice claramente que los documentos de titularidad pública no se pueden sustraer, que un cargo público (electo o de confianza), al cesar en el cargo, o bien pasa los documentos al archivo o al sucesor en el cargo –argumenta Matas–. No es una excusa llevarse papeles con el argumento de que no hay ninguna ley estatal específica de archivos”.

Ahora bien, si es así, ¿por qué tantos documentos públicos acaban en casas o despachos particulares? En 2004 el entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró públicamente que su antecesor, José María Aznar, había hecho “una barrida” informática antes del traspaso de poderes. Según Matas, había una factura de 12.000 euros de la empresa que hizo el trabajo. Se denunció, pero el caso fue archivado porque se consideró que no había pruebas. A la impunidad de llevarse o destruir documentación se debe añadir que a menudo no hay herramientas para controlar qué se borra o qué desaparece del despacho. “Ni el ministerio fiscal ni los tribunales han sido demasiado efectivos”, dice Matas. Y añade: “La Moncloa ha sido hasta ahora un enorme agujero negro que ha tragado enormes cantidades de información, en perjuicio del interés público y debilitando la transparencia”.

Los papeles de González

No tener ciertos documentos en archivos públicos y accesibles no es nada para tomarse a la ligera. “Se vulnera el derecho a la transparencia y el derecho a la libertad de expresión, que también prevé el derecho a recibir la información”, dice el abogado Josep Cruanyes. El hecho de que Felipe González decidiera depositar la documentación que generó como presidente español en una fundación privada, la Fundación Felipe González, ha abierto el debate. El historiador y archivero Sergio Gálvez escribió un extenso artículo, El Archivo de la Fundación Felipe, en la revista Nuestra HistoriaEl Archivo de la Fundación FelipeNuestra Historia. “El grueso de la documentación que hoy manipula la Fundación Felipe González fue directo desde la Moncloa a una entidad privada, y la ley, en este aspecto, es muy clara: cuando se deja el cargo público la documentación debe ir al archivo del ministerio de Presidencia", dice Gálvez.

El historiador y archivero critica la “falsa transparencia” de la fundación: “Creer que digitalizarán y harán pública toda esta información es hacer un acto de fe, no existe un catálogo público, no sabemos qué información hay –explica Gálvez–. Hay ausencias significativas como las cartas a José Luis Corcuera, la comunicación con Alfonso Guerra o Chaves... Y entre 1983 y 1993 falta mucha información”. La presidenta de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, discrepa bastante y defiende que, al menos, la fundación se ha preocupado por poner al alcance de todo el mundo, a través de su web, la documentación del expresidente español, cosa que no han hecho otros líderes políticos: "Se trata de documentación personal con un alto valor político", dice Martínez-Sampere, que asegura que la documentación se va catalogando, describiendo y colgando en la web a medida que se van abriendo las cajas. No hay calendario de cuando acabará el proceso: "Cada documento son tres horas de trabajo y en la fundación solo somos tres personas", recuerda. Hoy por hoy, por ejemplo, hay accesibles 10.000 documentos (en total son 30.000 papeles) de la correspondencia de González.

El recorrido de los papeles de los otros expresidentes todavía es más opaco. El diario ARA ha preguntado al ministerio de Cultura y al ministerio de Presidencia dónde están los documentos de los expresidentes españoles, porque es significativo que prácticamente no haya referencias de sus fondos en los diferentes archivos públicos. De Cultura dependen los archivos públicos, pero la respuesta ha sido que el responsable de la documentación de los presidentes españoles es Presidencia. La respuesta de Presidencia ha sido que es responsable de los archivos de las reuniones del consejo de ministros y aspectos relacionados, pero no de los archivos presidenciales.

Otras democracias, otros escenarios

Este escenario tiene poca cosa a ver con otras democracias. En los Estados Unidos quien controla y administra la información que deja un presidente o alto cargo es la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por las siglas en inglés), una agencia independiente adscrita al gobierno federal de los Estados Unidos que protege y documenta los registros gubernamentales e históricos. La NARA es responsable también de las Bibliotecas Presidenciales de los Estados Unidos. “Cuando hay un traspaso de poderes, la NARA controla que nadie se lleve nada”, dice Fidel Bellmunt, archivero de la Generalitat y coordinador del fondo documental y del legado de Pasqual Maragall. En los archivos nacionales franceses existe una sección entera dedicada a los documentos presidenciales. En el Reino Unido existe también una legislación muy específica y los archivos presidenciales dependen de los Archivos Nacionales. “Todo está muy regulado y controlado –dice Bellmunt–. La Fundación Margaret Thatcher pone al alcance copias digitales, pero los documentos originales están en los archivos públicos”. Y añade: “En el Reino Unido el acceso a los archivos de los altos cargos es diferente, por eso allí tienen biografías más contrastadas, porque explican lo que quiere el biógrafo y quizás no tanto lo que quiere el biografiado”.